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Resumen: Durante los últimos 40 años, en Argentina la pérdida de progresividad en el sistema ha sido tal que la incidencia de los impuestos no mejora la distribución primaria del ingreso, sino que la empeora. En años posteriores, la situación tributaria no varió en demasía. Esta situación de involución tributaria es muy anómala a nivel mundial entre los países de desarrollo intermedio. Planteado en términos de coeficientes de desigualdad, en Argentina el índice de Gini se incrementa cuando se compara la situación antes y después de pagar los impuestos. Asimismo, el sistema tributario refleja un pronunciado desequilibrio estructural, con un excesivo peso de los impuestos indirectos y una evidente debilidad de la imposición directa. Los impuestos indirectos (como el IVA) son trasladables y recaen con mayor incidencia sobre aquellos que tienen menores remuneraciones, esto se debe a que los sectores de más bajos ingresos cuentan con una menor capacidad de ahorro al consumir casi todo su ingreso, ergo, gastan mayor parte de sus ingresos en el pago de impuestos con respecto a quienes tienen mayores remuneraciones y por tanto mayor capacidad de ahorro; en cambio, los impuestos progresivos no son trasladables y graban el capital, las ganancias y el patrimonio recayendo mayormente sobre quienes cuentan con más ingresos. La Argentina, promediando la mitad del siglo pasado, contaba con una estructura tributaria más parecida a la de las naciones desarrolladas que a la de los países latinoamericanos, en términos de progresividad. No obstante, el resultado del avance neoliberal después de la década del 70’ provocó directamente el debilitamiento de la tributación directa fortaleciendo las tendencias de concentración económica y de aumento de la desigualdad. Entre las medidas que dan cuenta de esta mayor inequidad del sistema tributario y la consecuente menor sostenibilidad fiscal del Estado se destacan: La eliminación del impuesto a la Herencia; el debilitamiento del gravamen a la renta potencial de la tierra; la consolidación de un trato laxo sobre las rentas de capital y financieras y a las ganancias extraordinarias; la generalización del IVA a tasas elevadas. En suma, todas medidas que contribuyeron a profundizar el sesgo regresivo. No casualmente, en la actualidad según datos del INDEC, la diferencia entre el decil más rico supera unas 20 veces al decil más pobre. Tal regresividad del sistema tributario es resultado de las reformas promovidas desde el establishment que apuntan a debilitar al Estado reduciendo su rol a la salvaguardia del proceso económico. Con el respaldo de la teoría económica ortodoxa, esgrimen que los sistemas tributarios no deben alterar el estado de las cosas, deben ser “neutros”, “eficiente” y “no distorsivos”, desestimando los objetivos de redistribución y aliviando las cargas fiscales de los que mayor capacidad contributiva poseen. Tanto las teorías como las reformas inspiradas en ellas chocan de frente con la realidad que se traduce en un aumento exponencial de la inequidad social, un Estado impotente y el notorio proceso de disolución nacional. En este marco, se inscribe el actual estado de debilidad en la administración tributaria que no logra reducir la evasión y elusión impositiva. El nivel de evasión tributaria alcanza el 40% en Argentina. En los países desarrollados el nivel de evasión está en torno al 10% y si se lo compara con países de desarrollo intermedio, grupo al cual pertenece Argentina, los niveles de evasión oscilan entre el 20 y 30%. La evasión no solo limita seriamente el financiamiento fiscal, sino que también altera la competencia entre empresas y torna aun más regresivo el sistema. Gaggero enumera una serie de factores que han entorpecido aún más la débil capacidad de gestión de la administración tributaria como: la modificación de la legislación tributaria, los beneficios otorgados a evasores y morosos, y la proliferación de excepciones, de sistemas de pagos a cuenta y de créditos cruzados entre tributos (ver Gaggero, 2000). Un fenómeno fuertemente vinculado a la evasión y a la elusión es la fuga de capitales; en su propia definición es entendida como la salida de capitales de residentes de un país, originada en el intento de escapar de regulaciones estatales o de los efectos de políticas públicas (Epstein, 2005). Con la crisis de Bretton Woods y la liberación de los tipos de cambio durante la década de 1970, la fuga de capitales ha pasado a ser un problema central en las economías latinoamericanas, constituyendo una restricción estructural en sus procesos de crecimiento y desarrollo económico. En economías asediadas por la restricción externa (o carencia crónica de divisas) la fuga de capitales tiene efectos corrosivos sobre el crecimiento económico desempeñando un papel crucial en las crisis externas. A lo anterior hay que adicionarle los condicionantes externos propios de las economías abiertas en este contexto globalizante. Hay una fuerte erosión de la fiscalidad estatal en