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Resumen: Un tema frecuente de debate, en el marco de la internacionalización de la Educación Superior, ocurre sobre la caracterización de la Educación Superior como servicio -y, por ende, un bien transable- o como un derecho. Aunque la mayoría de los países, de acuerdo a las convenciones internacionales y declaraciones en el ámbito de la ONU, sostienen a la educación como un bien público, las actividades crecientes bajo las modalidades de educación transnacional o transfronteriza implican o consideran un incremento importante en el comercio de los servicios educativos y, al mismo tiempo, una fuerte corriente orientada a la liberalización de dichos servicios en todo el mundo. La creación de la OMC, a mediados de los 90, a partir del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y Precios) fue el acelerador, en un contexto de creciente globalización, de los procesos de liberalización mencionados. No obstante, esas fuertes corrientes no parecen guiar las conductas de los países al momento de liberar, en el seno de la OMC, los servicios educativos, menos aún en la educación superior. Los servicios educativos aparecen como el sector -después del de salud- donde menos compromisos asumieron los países. (Verger Planells, 2006) En forma resumida, el proceso de negociación entre países en la OMC es bilateral y en dos fases: una de oferta y otra de demanda, y concluye con una lista de compromisos. Ahora bien, esos compromisos, que definen cierta apertura comercial, presentan límites explícitos sobre dos aspectos muy concretos: el llamado Trato Nacional y el de Acceso a Mercados, además de los modos de comercio de dichos servicios (suministro transfronterizo; consumo en el extranjero; presencia comercial y presencia de personas físicas), de acuerdo a la OMC, 2001. En este sentido, más allá de los acuerdos simbólicos de apertura comercial, los resultados de las negociaciones, que verifican el grado de compromiso de dicha apertura, al menos en el sector de la educación, son los que realmente cuentan. Es claro que el número de limitaciones que los países presentan en la lista de compromisos determina la apertura comercial resultante. A raíz de este desarrollo nos interesa conocer cuál es el estado actual de las negociaciones por el sector educativo en el mundo y particularmente en nuestro continente, basándonos principalmente en el indicador EduGATS, propuesto por Verger Planells, para calcular el grado de compromiso mantenido por nuestro país desde el año 2010 a la fecha.; cuál es la posición actual del MERCOSUR al respecto. Esto nos permitirá identificar los factores gravitantes en la liberalización educativa, describir los aspectos contextuales en las diferentes etapas de las negociaciones en la OMC y caracterizar la política nacional y regional respecto de la liberalización de los servicios educativos por parte de nuestro país a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI.