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Resumen: Este trabajo de investigación se enmarca en la judicialización de las relaciones escolares entendida como un ataque judicial contra funcionarios de instituciones públicas que no solo afecta las vidas personales de los implicados sino que contribuye a desestabilizar la misma legitimidad de las instituciones. En estos casos, la judicialización es problematizada además, como una consecuencia de la fragilización de las instituciones escolares, la profundización del individualismo y la falta de contrato escolar entre maestros y familias. En el caso argentino, la judicialización de las relaciones escolares está presente en todos los niveles educativos y admite múltiples disputas, actores y sentidos. Podemos encontrar intentos – desde el Estado- por judicializar a padres considerados responsable de la toma de un edificio escolar que hacen sus hijos e hijas, hasta el recurrir a la justicia -desde las familias- para dirimir conflictos que emergen en la escuela. Como contracara, en el todos los niveles educativos, el temor frente a la “responsabilidad” civil” se impone en muchas de las decisiones que se toman en la escuela. En este contexto, este PI aborda el problema de la judicialización de las relaciones escolares particularmente en el nivel inicial. Específicamente se problematizan las denuncias que señalan a docentes (mayoritariamente varones pero también mujeres) de cometer el delito de abuso sexual infantil durante los espacios-tiempos de clases, es decir, en espacios-tiempos de trabajo compartido con todo un grupo escolar. Los primeros avances de la investigación muestran que frente a lo intolerable de una denuncia por abuso sexual infantil, el sistema educativo activa sus medidas de resguardo. La primera de ellas supone, en todos los casos, separar inmediatamente a los y las docentes de sus cargos y desplazarlos a cumplir funciones administrativas según lo establece el artículo 140 del Estatuto Docente de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10579, 1987). La medida cautelar parece buscar resguardar la integridad física de las y los docentes, amenazada por la furia de las madres y padres que denuncian. Simultáneamente, el desplazamiento asegura otra cuestión fundamental como velar por el interés superior del niño (Art. 4 de la Ley 13298 de Promoción y Protección Integral de Derechos de los Niños, niñas y Adolescentes). Sin embargo, un primer análisis de las resoluciones tomadas por el sistema escolar pareciera reforzar la sospecha sobre el trabajo docente. En ese sentido, el desplazamiento no parecería poder solucionar las tensas relaciones que se establecen entre familias y escuelas ni cuidar integralmente a los y las docentes acusados. En consecuencia, y desde un enfoque histórico-etnográfico, el PI se propone describir y analizar, a partir de fuentes secundarias y entrevistas en profundidad, los procedimientos y las resoluciones que el sistema educativo activa cuando emerge una acusación y/o denuncia por el supuesto caso de un abuso sexual infantil. El trabajo de campo se desarrolla en instituciones escolares ubicadas en el conurbano bonaerense, un territorio donde el problema está presente desde hace al menos dos décadas y crece sostenidamente en los últimos años. Las preguntas que guían la indagación son las siguientes: ¿Qué medidas activa el sistema educativo para resguardar niños y docentes en estas situaciones de judicialización escolar? ¿Qué supuestos existen detrás de ellas? ¿Qué efectos tiene para los distintos actores escolares la medida de resguardo que supone el desplazamiento de docentes y su traslado a una sede administrativa? ¿En qué medida las resoluciones tomadas por el sistema escolar favorecen la resolución y el reparo del conflicto para familias, niños y niñas y docentes?