Banco de Proyectos UNM

Resumen: Con la vuelta de la democracia (1983) se inició un largo camino de búsqueda de memoria, verdad y justicia, que implicó el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la última dictadura cívico-militar argentina (1976􀂱 1983), hecho que se expresó en el Juicio a las Juntas Militares (1985). Si bien las llamadas leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida) intentaron interrumpir este proceso, la realización de los Juicios por la Verdad 􀂱a fines de la década de 1990 y como resultado de una larga lucha llevada adelante por los organismos de Derechos Humanos (DDHH)􀂱 se constituyó en una alternativa frente a la imposibilidad de juzgar penalmente a los responsables de tales delitos. A poco de iniciarse el siglo XXI se inauguró un nuevo escenario político con las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Las leyes antes mencionadas fueron anuladas, lo que permitió la reapertura de los juicios que habían sido detenidos, así como avanzar en nuevas investigaciones y causas judiciales. Esto se tradujo en la generación de políticas públicas de promoción de la memoria y defensa de los DDHH, que incluyeron la recuperación, resguardo y señalización de sitios de memoria 􀂱entre los que se incluye al Instituto Mercedes Lasala y Riglos (actual Universidad Nacional de Moreno, UNM), señalizado en 2017􀂱 y la creación de espacios de memoria donde habían funcionado Centros Clandestinos de Detención y Exterminio (CCDyE), entre otras medidas. Durante este tiempo aumentó la visibilización de los crímenes cometidos, especialmente de los delitos de apropiación de bebés, recuperados como resultado de la inmensa labor de las Abuelas de Plaza de Mayo. Esta mayor apertura en términos de difusión y ampliación de conocimientos sobre las prácticas represivas desplegadas por el terrorismo de Estado no implicó una mayor visibilización de otras formas de violencia contra las infancias, específicamente sobre los niños/as y adolescentes hijos/as de personas detenidas-desaparecidas, como ser la privación ilegítima de la libertad, la detención en CCDyE junto a sus padres/madres, las torturas y los abusos, el alojamiento ilegal y la institucionalización forzada, entre otras prácticas represivas. Al respecto llama la atención que muchos de estos/as niños/as (hoy adultos/as) brindaron sus testimonios en algunos de los juicios realizados en las últimas décadas y relataron las penurias que sufrieron no solo sus padres y madres, sino también ellos mismos. No obstante, en la gran mayoría de los casos sus testimonios solo fueron tenidos en cuenta en calidad de testigos de lo ocurrido a terceras personas, y no conceptualizados como relatos de sobrevivientes, víctimas infantiles del terrorismo de Estado. A esto se suma que entre las violencias mencionadas, el alojamiento ilegal y la institucionalización de hijos/as de personas detenidasdesaparecidos en hogares e institutos de menores constituye una práctica muy poco estudiada. Estos vacíos en las investigaciones sobre el pasado reciente dificultan no solo la comprensión y reescritura de las experiencias de los/as niños/as (hoy adultos/as) como víctimas directas del terrorismo de Estado, sino también su reconocimiento como tales en el marco de los procesos judiciales y a nivel de la sociedad en su conjunto, lo que perpetúa la injusticia y la impunidad. En este contexto el presente proyecto se propone analizar las formas de violencia ejercidas contra las infancias víctimas del terrorismo de Estado en Argentina, con foco en la institucionalización de niños y niñas en hogares e institutos de menores. En cuanto al marco teórico el proyecto parte de una concepción de la infancia entendida como una categoría social e históricamente construida, que fue reconfigurándose a lo largo del tiempo. Con la llegada de la modernidad la infancia adquirió un estatus propio como edad diferenciada de la adultez (Flandrin, 1981; Ariès, 1987; Carli, 1997; 1999; Elías; 2004; 2009; Donzelot, 2008; entre otros), lo que dio lugar al nacimiento de instituciones, prácticas y regulaciones dirigidas a los/as niños/as. En este contexto, la institucionalización de niños/as en hogares e institutos de menores y la adopción fueron conceptualizadas durante el siglo XX como formas de protección de la infancia frente al desamparo, el abandono y/o la pobreza como analizan diferentes autoras (Guemureman y Daroqui, 2001; Elías, 2004; Villalta, 2012). También son fundamentales los aportes teóricos de quienes sostienen que el genocidio es un proceso social que implicó el despliegue de redes estatales burocráticas y administrativas, así como la participación de agentes sociales, prácticas e instituciones preexistentes (Tiscornia, 1997; Calveiro, 1998; Tiscornia y Sarrabayrouse Oliveira, 2001; Villalta, 2003; 2009; 2012).